El académico del Departamento de Estudios Políticos presentó un análisis sobre las deficiencias del sistema político chileno y la urgencia de reformas estructurales. En paralelo, ha difundido sus propuestas en medios de comunicación, incluyendo una columna en Radio Biobío donde aborda los pilares de la seguridad pública.
El académico del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad de Humanidades (FAHU) de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Mauricio Olavarría, participó recientemente en una sesión de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputadas y Diputados. En esa instancia, presentó un análisis sobre las debilidades del sistema político chileno y la necesidad de reformas que fortalezcan la gobernanza democrática.
Según explicó el Dr. Olavarría, el rol de la Universidad y de su Facultad es aportar desde el conocimiento a los grandes debates nacionales: “Este es el objetivo de poder participar en los debates públicos, constituirnos como intelectuales públicos y, en consecuencia, influir a través del conocimiento que generamos y buscar instancias de difusión de este conocimiento para influir en la opinión pública, en la toma de decisiones y en los procesos de gobernanza que hay en nuestra sociedad”.
Durante su intervención, el académico propuso ampliar la discusión más allá de los sistemas electorales, abarcando aspectos como el funcionamiento del Poder Judicial, la nominación de jueces y la modernización de la administración pública. Respecto a esta última, enfatizó: “Los ciudadanos tenemos el derecho a que la Administración Pública funcione adecuadamente, funcione bien, que genere los productos que los ciudadanos necesitan, que no los tramiten en exceso, que no ocurran las situaciones que pueden menoscabar la dignidad de los ciudadanos”.
Uno de los conceptos que generó más atención en la Comisión fue el de “pymes políticas familiares”, con el cual aludió a partidos pequeños que, con baja representatividad, reciben financiamiento estatal y se convierten en plataformas para intereses particulares. “Son pequeños emprendimientos políticos que gozan con el financiamiento del Estado, pero cuya misión es defender pequeños intereses que representan, y con eso dificultan acuerdos más amplios que satisfagan intereses generales de la ciudadanía”, sostuvo.
En la misma línea de este compromiso por aportar a la discusión pública desde la academia, el Dr. Olavarría publicó en Radio Biobío la columna “Los cuatro pilares de la seguridad pública”, en la que propone una política integral que articule prevención social, efectividad del sistema penal, acción policial y una reforma penitenciaria que contemple segregación carcelaria y programas efectivos de reinserción. Al respecto, señaló: “Lo que yo veo es que los políticos son muy reactivos al tema que está decantando, y buscan dar soluciones rápidas y fáciles. Pero junto con eso hay que propender a soluciones más integrales”.
En su reflexión, el Dr. Olavarría desglosa cuatro pilares centrales para una política de seguridad ciudadana integral. El primero es la prevención social del delito, orientada a generar condiciones que permitan a las personas desarrollar proyectos de vida lícitos, a través de acceso a educación, salud, empleo y protección social, así como intervenciones tempranas en grupos de riesgo. El segundo pilar corresponde al sistema legal, que debe asegurar la disuasión y la incapacitación del delito mediante sanciones proporcionales, además de contemplar mecanismos de despojo del patrimonio ilícitamente adquirido. El tercero es la persecución penal, que requiere fortalecer la Fiscalía, los tribunales y las policías, incorporando tecnologías como la inteligencia artificial, mejorando los procesos de investigación y garantizando un accionar eficaz y respetuoso de los derechos ciudadanos. Finalmente, el cuarto pilar es la política carcelaria, que debe cumplir la aplicación de las penas, reducir el contagio criminógeno mediante segregación adecuada y favorecer la reinserción social a través de programas efectivos.
Lo anterior junto con reafirmar el rol irrenunciable del Estado en esta materia: “El Estado tiene un deber legítimo de represión contra aquellos que vulneran las leyes, contra aquellos que atentan contra los demás ciudadanos. Y no por cualquier consideración puede abdicar de eso”.Finalmente, destacó la importancia del rol académico en estos espacios: “Nosotros somos académicos, estamos ajenos a la discusión política partidista, y por lo tanto tenemos la libertad de plantear estos temas abiertamente, generar conocimientos y difundirlos”.
Presentación Completa Dr. Olavarría
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Créditos:
Redacción: Sofía Molina C./Luciano Guzmán N.
Fotografías: Luciano Guzmán N.
Edición: Luciano Guzmán N.