La Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, en conjunto con el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), desarrolló durante octubre un ciclo de capacitación orientado a fortalecer las competencias públicas de estudiantes, funcionarios y actores territoriales, promoviendo el ejercicio de derechos y la incorporación de prácticas democráticas e inclusivas en la gestión institucional.
Las sesiones se realizaron los días 15, 22 y 29 de octubre, combinando modalidad presencial y online, y congregaron a integrantes de la comunidad universitaria, funcionarios municipales, trabajadores de servicios públicos, dirigentes territoriales y estudiantes de otras instituciones. El espacio formativo abordó contenidos centrales de la Ley 20.500, sobre mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública, y la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación arbitraria.
La iniciativa fue organizada por la Dirección de Vinculación con el Medio de la FAHU, el Observatorio Segegob y el Magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía (FAE), consolidando un trabajo interfacultades que permitió acercar herramientas actualizadas a públicos diversos. Las sesiones combinaron exposiciones del equipo profesional del Observatorio con análisis de casos, revisión de estándares internacionales y ejercicios participativos orientados a reflexionar sobre buenas prácticas institucionales, estereotipos, discriminación directa e indirecta, y mecanismos de incidencia ciudadana.
Para la Facultad de Humanidades, este ciclo formativo reafirma la misión pública de la universidad. La Encargada de Responsabilidad Social Universitaria (RSU FAHU), Tamara Madariaga, sostuvo que “la RSU en nuestra Facultad debe traducirse en una práctica transversal, ética y política que interrogue nuestras formas de enseñar, investigar, gestionar y vincularnos con otras instituciones y comunidades. Abrir estos espacios es fundamental en tiempos donde la desinformación favorece la proliferación de discursos de odio”. Agregó que contar con la relatoría del Observatorio fue clave “Capacitar en la Ley 20.500 y 20.609 con expertas y expertos del más alto nivel fue una excelente oportunidad de hacernos cargo de nuestra misión institucional como universidad pública y estatal”.
La alta convocatoria obligó incluso a ampliar el número de sesiones. “Que hayamos debido realizar tres capacitaciones, en lugar de las dos que habíamos planificado originalmente, evidencia el compromiso de los asistentes y la calidad de los profesionales a cargo, quienes promovieron el diálogo reflexivo mediante metodologías participativas”, señaló Madariaga.
Un rol clave en esta vinculación lo cumplió Adrián Israel Arancibia González, Doctor en Ciencias y tesista del Magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la FAE, quien gestionó el primer contacto con el Observatorio. “A partir de mi experiencia en estudios ambientales complejos llegué a la convicción de que la producción y el uso adecuado de la información son esenciales para decisiones públicas eficaces. Cuando la información no se comparte con las comunidades, existe el riesgo de implementar medidas sin impacto real. Por eso me interesa que la Universidad fortalezca sus capacidades para apoyar a los territorios y promover la información como herramienta democratizadora”, afirmó.
Sobre la relevancia de estas instancias, Arancibia destacó que “constituyen parte de una formación continua que debería estar más formalizada. Falta comprender mejor el rol público que desempeñamos como institución estatal y promover la participación informada, incluso dentro de nuestros propios órganos de gobierno universitario”. Asimismo, valoró el alcance más amplio de la convocatoria: “Participaron funcionarios municipales, trabajadores públicos y dirigentes sociales, lo que refuerza el rol de la Universidad como articuladora de conocimiento, inclusión y derechos”.
Créditos:
Redacción: Sofía Molina C.
Fotografías: Archivo FAHU
Edición: Luciano Guzmán N.