Desde la última década del siglo XX y hasta el presente se ha constatado un incremento considerable en los flujos migratorios globales e intrarregionales (OIM 2015; PNUD 2009), lo que ha aumentado su relevancia política, económica y cultural. No solo han crecido las corrientes migratorias en cuanto a su tamaño y diversidad, sino que se han convertido en el centro de los debates sobre políticas públicas, derechos humanos e inclusión social.
Nuestra región, no ha estado exenta de estas tendencias y preocupaciones (violencia, trabajo, educación, salud, dignidad, equidad, entre otras), de cara al importante aumento de los desplazamientos durante los últimos años, donde Colombia y Chile concentran hoy el mayor flujo migratorio regional (OIM 2019), convirtiéndose en países receptores de la migración denominada sur-sur.
Esta nueva realidad socio-espacial, dinámica y compleja, ha generado múltiples desafíos, lecturas y valoraciones para la convivencia pluricultural y el desarrollo social en las ciudades receptoras. Por tanto, la realidad del aumento en los flujos migratorios internacionales junto al análisis de las políticas migratorias, dirigen el debate de las continuidades y rupturas en perspectiva histórica, caracterización de las oleadas migratorias y miradas sobre ciudadanía, inclusión y derechos humanos, pero también sobre soberanía, seguridad nacional y selectividad migratoria, cuestiones que se hacen cada vez más profundas y necesarias en tiempos de pandemia de Covid -19.
Los datos epidemiológicos obtenidos por la CEPAL muestran que la pandemia de Covid-19 afecta a toda la población por igual, sin aparente discriminación, aunque los riesgos aumentan por factores como la edad o condiciones de salud previas. No obstante, el contagio puede afectar de forma desproporcionada a las personas migrantes producto de las formas de vida y las actividades a las que deben dedicarse, a sus condiciones habitacionales y a la desprotección en salud. Surgen de esta manera otros problemas relacionados con el cierre de las fronteras, las aglomeraciones, las personas varadas en los pasos fronterizos, los toques de queda, las restricciones a la libre circulación, la ausencia de protocolos coordinados entre los países, la falta de corredores humanitarios y, en general, todas las adversidades y desventajas sociales que pueden hacer que las personas migrantes se encuentren más expuestas a los contagios y a la posibilidad de propagar la enfermedad (CEPAL, 2020).
Por otro lado, las relaciones de poder desiguales y las normas sociales discriminatorias existentes, pueden suponer riesgos adicionales para las personas migrantes en contextos donde la discriminación y la xenofobia limitan las posibilidades de acceso a una fuente de empleo, medios de sustento o servicios. Algunos ejemplos de ello son las condiciones de vivienda, que incluyen el hacinamiento y la falta de infraestructura.
Por otra parte, la pandemia Covid-19 ha profundizado no solo la negación de las diferencias sino que temores y discriminación, como señalan Magaña y Loyola (2021) “la Pandemia” trastoca las previsiones epidemiológicas, así como las concepciones sobre poblaciones vulnerables…a la vez agudiza casi todas las desigualdades – de clase, género, etnias, generaciones, de origen, de movimientos poblacionales y varios otros.
Esta pandemia debiese ser una oportunidad de replantearnos sobre cuál es la sociedad en qué queremos vivir, superando cualquier arbitrariedad de aquella “necropolítica” que definen quienes merecen sobrevivir y quienes son descartables (Mbembe, 2011), obligándonos a adaptar las políticas públicas, respetando compromisos institucionales asumidos por el estado, y por sobre todo otorgando un lugar de privilegio a los Derechos Humanos en tiempos de crisis y catástrofes.
Visibilizar experiencias diversas de la población migrante a nivel local, regional y global durante la pandemia, no sólo se hace indispensable para otorgar valor al aporte de la población migrante, sino que se hace indispensable para otorgar valor a la vida.