Tras diversos delitos registrados en el país, la experta en comunicación estratégica se refirió al uso de armas y el escenario que enfrenta el actual gobierno.
La profesora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago de Chile, Paula Walker, analizó en La Tercera, los hechos de violencia que se han registrado en el país y el uso de armas inscritas en los distintos delitos, con una cifra que ha ido en aumento desde el 2019.
Compartimos la columna, a continuación:
Las personas pensamos en imágenes, y luego le ponemos nombre a las cosas. Una imagen vale más que mil palabras. Las fotos y videos sobre armas de guerra, pistolas, fusiles y municiones asustan, y mucho. Los hechos de estas dos semanas han sido categóricos: disparos en Antofagasta afuera de un colegio; disparos en el barrio Meiggs que dejaron gravemente herida a una periodista; disparos en Chillán que asesinaron a una niña de 13 años; disparos en Iquique que mataron a una persona a la salida de un tribunal.
Gracias a una exitosa investigación de la PDI, el allanamiento a la casa de un excarabinero sorprendió con un arsenal de guerra: 100 mil municiones, 65 rifles y armas y la sospecha de que comercializaba con el crimen organizado.
Las cifras de la Fiscalía a nivel nacional muestran un incremento en el uso de armas de fuego en los homicidios, junto con un alza en todos los delitos. Según un estudio publicado en Ciper del abogado Patricio Rosas, la inscripción de armas de fuego en el país viene subiendo paulatinamente. En 2019 se inscribieron 7 mil 788 unidades y en 2021 fueron 8 mil 173. ¿Quiénes inscriben las armas? Aquí comienzan a aparecer las sorpresas que muestran el relajo del sistema. Resulta que hay más de 22 mil personas que a pesar de tener antecedentes penales, tienen vigente la inscripción de sus armas.
A nivel nacional circulan más de 800 mil armas inscritas, y un 25% de esas inscripciones corresponden a personas fallecidas. ¿Quién debe controlar que estas inscripciones estén en regla? ¿Cuánto presupuesto tiene esta institución para lograr su propósito? ¿Cuántas personas están asignadas para cumplir con esta tarea? ¿Están los recursos humanos y económicos priorizados según los territorios a lo largo de Chile que más necesitan tener un férreo control de armas?
En el Ministerio del Interior se debe vivir un clima de prisa, algo de presión y de desazón. Este tiempo de instalación de las autoridades ha sido difícil, como el propio Presidente lo dijo. En las encuestas se declara la seguridad como una urgencia nacional y eso abre varios escenarios políticos.
Uno es aquel que busca (en 4 años) ocupar el capital político en ejecutar profundos cambios para transformar (un ejemplo podría ser la reforma y/o refundación de Carabineros); otro escenario es implementar un programa de seguridad que represente cabal e ideológicamente al gobierno, que sea identitario con el sector político, pero que probablemente tenga poco futuro en el plano legislativo por la correlación de fuerzas del Congreso: empate entre la oposición y el oficialismo. Un tercer escenario es una mezcla entre los dos primeros y construir acuerdos que ponen en el centro a las personas y su demanda urgente por tranquilidad.
Esta tercera formula podría incluir, por ejemplo, ser eficientes en el control de armas, fiscalizando de manera tenaz, controlando los puertos del país, dando seguimiento a los robos desde las FF.AA. Es un secreto a voces que hay armas sueltas por ahí.
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