Reforma y modernización del Estado son dos conceptos estrechamente relacionados. El primero hace referencia a cambios en la orientación política del Estado, en tanto que el segundo denota la actualización que requieren los aparatos administrativos de los poderes públicos para dar satisfacción a las aspiraciones ciudadanas.
Hasta ahora Chile ha tenido dos intensos procesos de reforma del Estado, uno a mediados de la década de 1920, cuando transitó desde un Estado liberal extremo o laissez faire a uno interventor, y otro a fines de la década de 1970 y principios de la de 1980, cuando pasó a una inacabada e incorrecta forma de Estado subsidiario. Los inicios de la década de 2020 verán una tercera reforma del Estado, cuando en el contexto de la redacción de una nueva Constitución, los actores políticos pujen por dar forma a un tipo de Estado congruente con sus visiones ideológicas.
La administración pública es el Estado en acción, por lo que su gestión y actuación es determinante para que los diseños de política pública alcancen los resultados esperados, generen satisfacción y mejoras en el bienestar ciudadano. Procesos modernizadores han ocurrido en diversos momentos en Chile: en la década de 1880, en la segunda mitad de la década de 1920, en la década de 1950 y principios de la de 1960, aunque centradas en el aparato de Hacienda; en la segunda mitad de la de 1960, con la creación de Odeplan; y en la segunda mitad de la de 1990. A partir de entonces, los afanes modernizadores perdieron impulso y solo surgieron esporádicos esfuerzos asociados a la incorporación de tecnologías y aquellos de 2003 que crearon el Servicio Civil y el Sistema de Alta Dirección Pública y posteriormente su reforma en 2013-2016.
Hoy aparecen urgencias en ambos planos. En el ámbito de la reforma del Estado, el clamor ciudadano exige mayores niveles de responsabilización, rendición de cuentas real –y no como un mero ejercicio expositivo–, transparencia y efectividad de los poderes públicos. Aunque la existencia de órganos autónomos es una condición necesaria para lo anterior, la cuestión acerca de cómo evitar la captura, sesgos, excesos, ineficacia e ineficiencia en ellos es de la máxima importancia en el proceso de reforma del Estado en que Chile está inmerso. Así, la pregunta que reiteradamente habrá que responder es ¿quién controla al Contralor y a la Contraloría, al Ministerio Público, a la Defensora de la Niñez, a la Corte Suprema, al Tribunal Constitucional, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), entre otros? La respuesta a esta pregunta, en cada caso, será el necesario desafío que habrá que enfrentar, pues los mecanismos actuales de responsabilización se han mostrado insuficientes o fuertemente propensos a la manipulación política, lo que contradice el imperativo ético de imparcialidad y orientación al interés público.
En el plano de la modernización de la administración pública, los desafíos apuntan a dar mayor agilidad, eficacia, eficiencia y transparencia a su accionar. La creciente incorporación de renovadas tecnologías que alivianen y desburocraticen la gestión, que den expedición a la atención de ciudadanos y a los servicios que estos reciben, deberá ser una acción permanente. Junto con ello, la reforma del régimen jurídico de los empleados públicos, avanzar más decididamente en la profesionalización de la función pública, evitar el patronazgo y cuoteo político en la designación a los cargos y empleos públicos, y establecer una estructura de incentivos que potencien la gestión de calidad, la respuesta oportuna y la satisfacción ciudadana será una tarea inescapable. La estructura será otro ámbito de modernización: la anquilosada idea de organismos públicos nacionales elefantiásicos y de lento accionar habrá de dar paso agencias subnacionales implementadoras de políticas públicas, con alto nivel de profesionalización y agilidad que les permita responder oportunamente a las demandas y urgencias ciudadanas. Ello, a su vez, potenciará la descentralización del Estado y será consistente con la figura de gobierno y gobernador regional. Asimismo, desde el punto de vista de la eficacia y la eficiencia, la necesidad de establecer una agencia de evaluación de políticas públicas alejada de influencias políticas aparece como una urgente necesidad en la hora actual ante la duda ciudadana instalada acerca de la efectividad de las intervenciones públicas. Aunque esta idea estuvo en los programas de gobiernos de los primeros periodos de los presidentes Bachelet y Piñera, ella aún no se materializa. Es tiempo, entonces, de concretarla.
Acrecentar los niveles de transparencia en el Estado –poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos con autonomía constitucional– será otro de los necesarios ámbitos que deberá considerar la reforma y modernización del Estado. En este plano, avanzar en la agenda de gobierno abierto para potenciar la participación ciudadana, la colaboración entre órganos estatales y con la sociedad civil, la calidad y efectividad de la acción pública para el mayor beneficio ciudadano deberá ser prioridad en la agenda política.
La reforma del Estado es una cuestión esporádica y episódica, pero la modernización es permanente. Requiere de compromisos sostenidos desde el nivel político que lleven a generar acciones permanentes en la maquinaria administrativa del Estado para responder pronta y adecuadamente a las aspiraciones ciudadanas. Es lo propio de un Estado democrático.