Fuente: The Clinic.

Los países sin memoria no logran avanzar con justicia. Entre las tareas más difíciles del proceso de deconstrucción del pasado es la visibilización de actores y acciones que fueron relegadas de la historia reciente, como si nunca hubieran ocurrido. Tal vez como si lo que ocurrió no fuera tan grave.

Para un país enfrentar los horrores de las dictaduras o guerras civiles es primordial para desarrollar un camino común, donde la justicia y la verdad se consoliden como elementos diferenciadores de un pasado que muchas veces atormenta, o al menos divide.

Para una institución policial, estas tareas son aún más urgentes para dejar de lado prácticas violentas, de intervencionismo político o corrupción. La construcción de una verdadera policía democrática no sólo requiere de elecciones permanentes, sino de una transformación de los valores, símbolos y líderes de dicha institución.

En Chile la transición no transformó sustantivamente a Carabineros, a pesar de ser la única policía que fue parte de la Junta Militar que gobernó el país con mano dura por 17 años. Los cambios se hicieron desde el reconocimiento interno de su necesidad y oportunidad. Así la construcción de una relación de confianza con la ciudadanía se hizo a pulso, de forma directa y sin intermediación política. Comunicaban lo que consideraban más importante y desarrollaban iniciativas que definían como prioritarias. 

Desde el estallido social sabemos que la reforma policial es urgente, que los niveles de autonomía institucional son absurdos y que la política de este y todos los gobiernos en democracia ha estado sujeta a las informaciones policiales.

Poco se ha avanzado en la agenda de verdaderas reformas internas y de gobierno civil, de hecho parece que todo sigue igual. Al menos eso se evidencia en la orden general 2787 del 13 de Agosto del 2020 firmada por el General Director, Mario Rozas, donde la academia de ciencias policiales de Carabineros pasa a llamarse “General Director Rodolfo Stange Oelchkers”. 

La academia no es un lugar menor, es donde se forman las nuevas generaciones de jefes policiales, donde Chile recibe a cientos de policías de América Latina para apoyarlos con su formación y entrenamiento, donde se forjan las políticas de seguridad, donde se debería discutir el rol policial en el marco del Estado de Derecho. El nombre no es menor.

El General Stange fue un funcionario de la dictadura, no aceptó su pedido de renuncia por parte del Presidente Frei, defendió a los involucrados del Caso Degollados y fue interrogado por casos de derechos humanos. No sólo eso, sino que fue senador de un partido político de derecha cuando pasó a la vida en retiro y un activo lobista institucional para evitar la limitación de los altos niveles de autonomía.

¿Porqué esta decisión? Las alternativas son varias y hablan mal de la institucionalidad encargada de gobernar la seguridad pública en el país. Primero, el alto mando no reconoce el cambio de los tiempos, ni el rol que cumplió la institución durante la dictadura, ni los antecedentes del ex General en su vinculación con violaciones de derechos humanos.

Segundo, el gobierno no revisa las decisiones de la institución, es decir se mandan solos y ponen el nombre que se les da la gana a sus instituciones o el gobierno si sabía y bueno también les dio lo mismo.  Tercero, aprovechando el cambio de Ministro y su retórica de transformación y apoyo policial, decidieron ver hasta qué punto se las “juega” por el ala dura institucional. Cuarto, no se dieron cuenta.

Las tres primeras alternativas muestran la seria desconexión que hay entre el mundo policial y la sociedad. Es hora de cambiar todas las señales de un proceso donde la institución estuvo seriamente involucrada, revisar los nombres no es un tema decorativo sino fundamental.  La cuarta alternativa la incluyo sólo para mostrar que es imposible que no se dieran cuenta y que ya es hora que nos dejen de vender gato por liebre. No es un nombre sino treinta años de nombres que ya no podemos ni debemos tolerar.