La académica de la Facultad de Humanidades desarrolla un estudio sobre el acceso a la traducción y las ayudas lingüísticas en tribunales nacionales, abordando su impacto en la comunicación y el ejercicio de derechos fundamentales.
En un contexto en el cual el acceso equitativo a la justicia sigue siendo un desafío, la investigación Traducción como derecho: Percepciones y propuestas sobre la traducción y las ayudas lingüísticas en el sistema legal chileno como mecanismo facilitador de la comunicación y de protección de derechos, liderada por la académica Dra. Marcela Contreras, busca analizar cómo la falta de recursos lingüísticos en tribunales puede afectar a quienes no dominan el español.
El proyecto, desarrollado en el marco de DICYT Regular, examina las percepciones de distintos actores del sistema judicial sobre la importancia de la traducción en los procesos legales y propone estrategias para garantizar una comunicación efectiva en estos espacios.
El idioma es un elemento central en los procedimientos judiciales. Sin embargo, en Chile aún existen brechas en el acceso a la interpretación y traducción dentro del sistema legal. Comunidades migrantes, pueblos indígenas y personas sordas enfrentan dificultades para comprender y hacerse entender en tribunales, lo que puede afectar el ejercicio de sus derechos y el debido proceso.
Para Contreras, la falta de acceso a la información en un idioma comprensible constituye una forma de desigualdad estructural dentro del sistema judicial. “El derecho a la defensa implica que las personas comprendan todo lo que sucede en su proceso, y sin una adecuada mediación lingüística, eso se ve obstaculizado”, señala.
El estudio indaga en cómo la ausencia de recursos de traducción incide en la percepción de justicia de quienes participan en procesos legales sin manejar plenamente el idioma. Asimismo, busca evidenciar los vacíos normativos que existen en Chile en comparación con otros países donde la interpretación y traducción en tribunales están garantizadas como parte del acceso a la justicia.
En distintos sistemas judiciales a nivel internacional, la presencia de intérpretes y traducción en tribunales es un derecho garantizado. Países como Canadá y España han desarrollado normativas específicas para asegurar que todas las personas, sin importar su idioma, puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.
En Chile, en cambio, la traducción en el ámbito judicial sigue dependiendo de criterios individuales y no existe un protocolo estandarizado que garantice su acceso de manera equitativa. Esta situación afecta no solo a personas extranjeras, sino también a hablantes de lenguas indígenas y a personas sordas, quienes requieren interpretación en lengua de señas.
Según la investigadora, uno de los principales desafíos es generar conciencia sobre la importancia de este tema y proponer medidas concretas para abordarlo. “Es fundamental que el sistema judicial chileno incorpore la traducción como una herramienta clave para la protección de derechos y no como un servicio accesorio”, enfatiza.
En este sentido, su investigación busca generar insumos para la discusión sobre políticas públicas en la materia, proponiendo la formación de intérpretes especializados en justicia, la implementación de programas de capacitación en diversidad lingüística para operadores del sistema legal y la incorporación de estándares internacionales en la legislación chilena.
De esta manera, la investigación de la Dra. Contreras representa un aporte significativo en la reflexión sobre el acceso a la justicia en Chile y pone sobre la mesa la necesidad de avanzar hacia un sistema más inclusivo, donde el idioma no sea un obstáculo para la equidad y la protección de derechos fundamentales, alineándose con los pilares de la Facultad de Humanidades fomentando no solo la inclusión, sino que el trabajo inter y transdisciplinario de vanguardia.
Créditos:
Redacción: Sofía Molina C.
Fotografía: Sofía Molina C.
Edición: Luciano Guzmán N.