Vengo del mundo de las ciencias exactas y he participado en estudios ambientales asociados a casos complejos, entre ellos algunos estudios desarrollados en Quintero y Puchuncaví y también para el proyecto Los Bronces de Anglo American. También he participado en los procesos sociales de los últimos años, construyendo y potenciando asambleas en diversos territorios, apuntando hacia la aplicación de metodologías para la autogestión y la deliberación constructiva. A partir de esas experiencias he llegado a una convicción central: la producción, el acceso y el uso adecuado de la información son elementos esenciales para la toma de decisiones públicas y el diseño de medidas eficaces. Cuando esa información falta, es insuficiente o no se comparte con las comunidades, existe el riesgo de implementar acciones que se transforman en gasto público inútil, sin impacto real y que fracturan las relaciones entre las comunidades y el Estado y sus instituciones.
Estos procesos también han mostrado la relevancia de la participación de las comunidades, tanto en su rol vigilante como en la construcción de soluciones que minimicen las externalidades negativas. En ese marco, me siento impulsado a incidir en que la Universidad fortalezca sus capacidades para apoyar a los territorios y consolidar vínculos que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía, en particular potenciando la información como herramienta democratizadora.
Con el fin de abordar estas temáticas entre el 15 y el 29 de octubre pasados se realizó un ciclo de capacitaciones en el marco de la Ley 20.500 sobre participación ciudadana y la Ley 20.609 sobre no discriminación. Como estudiante del Magíster de Gerencia y Políticas Públicas de la FAE y en conjunto con Tamara Madariaga, encargada de Responsabilidad Social Universitaria de la Facultad de Humanidades, gestionamos estas capacitaciones con el Observatorio de Participación ciudadana y no discriminación del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Es relevante destacar que este ciclo de capacitaciones se abrió también a la comunidad externa: participaron funcionarios municipales, trabajadores de servicios públicos, dirigentes sociales y estudiantes de otras instituciones, lo que fortalece el rol de la Universidad como articuladora de conocimiento, inclusión y derechos.
Estas instancias formativas son fundamentales porque constituyen parte de una formación continua que, en mi opinión, debería estar más formalizada dentro de la Universidad y en el quehacer ciudadano. Existe un déficit importante en la comprensión del rol público que desempeñamos como institución estatal, en especial en lo que condice con los procesos democráticos y el desarrollo de mecanismos de participación informada. Estas falencias se visualizan incluso dentro de los propios consejos del gobierno interno universitario, haciendo evidente que, si dentro de las universidades no se participa en forma informada y sin discriminación, menos podemos esperar algo mejor fuera de ellas.
La participación informada no es solo un ideal democrático, sino un paso necesario para avanzar hacia soluciones prácticas y beneficiosas para el equilibrio de nuestras comunidades. Permite superar la lógica de cuotas de poder, decisiones poco transparentes y malas prácticas políticas que nos agobian, tanto en el contexto universitario como en las instituciones del Estado.
Respecto a las proyecciones a futuro, hoy estamos explorando nuevos horizontes que permitan potenciar a la Universidad y con ello incidir positivamente en los territorios, generando condiciones y capacidades en las comunidades. Este compromiso se alinea con principios establecidos en instrumentos de derechos humanos, como el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce el derecho de toda persona a beneficiarse del progreso científico y de sus aplicaciones. También nos apoyamos en el marco de transparencia y acceso a la información pública y con este buscar que la información y el conocimiento generado por el Estado y las instituciones esté disponible para todas las personas, en coherencia con la Agenda 2030 y los ODS, particularmente el ODS 16 sobre instituciones sólidas, el ODS 10 sobre inclusión y el ODS 5 sobre igualdad de género, que promueven la participación informada y la no discriminación.
En materia ambiental, esta búsqueda se refuerza con acuerdos internacionales, como el acuerdo de Escazú, que impulsan el acceso a la información y la participación de las comunidades en temas que afectan su calidad de vida. Todo ello coincide con la necesidad de fortalecer la información social y ambiental disponible para la ciudadanía y las capacidades para interpretarlas, de manera que las comunidades puedan involucrarse de forma real y efectiva en la formulación, evaluación, implementación y en general en la fiscalización de las políticas públicas.
Por Adrián Israel Arancibia González. Doctor en Ciencias con mención en Física. Tesista del Magíster en Gerencia y Políticas Públicas