Chile históricamente ha recibido inmigración internacional, la cual se ha visto incrementada en las últimas dos décadas, pasando de constituir el 1,2% de la población en 2002 a alcanzar el 7,8% en 2019, según datos del Departamento de Extranjería y Migración (DEM) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El académico e investigador del Centro de Estudios Migratorios de la Facultad de Humanidades de la USACH, Byron Duhalde, detalló para EL DÍNAMO que las expulsiones de los extranjeros son complejas porque “tiene que ver con la coordinación que debe tener el Estado de Chile con los países a los cuáles va a devolver a las personas”.
En un segundo punto dado a la causa, el especialista lo relacionó al costo que tiene esta medida. “Si se le está exigiendo al Gobierno que expulse 12 mil extranjeros en un mes y medio, es económicamente y técnicamente imposible, porque cada expulsión tiene un costo aproximado de 3 millones y medio para el Servicio Nacional de Migraciones”, sentenció Duhalde.
Por otro lado, el investigador declaró que “el expulsar personas en situación irregular no es la solución definitiva respecto al problema de la irregularidad” y sostiene que debe ser abordado desde el aspecto de seguridad -para poder identificar a las personas- y también debe tener una perspectiva humanitaria.
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