Fuente: U. de Santiago al Día

Antes de la llegada de la pandemia, Chile vivía un momento efervescente en movilizaciones sociales, discursos de cambio, acuerdos políticos y la esperada reforma por una nueva constitución. Una ley firmada por el Presidente Piñera, acordada democráticamente en el parlamento, con los reclamos de sectores conservadores que ya sabemos no son amigos de reformas, permitió trazar un camino para cambiar una Constitución que pocos defienden. Para el Chile de los próximos años, la Constitución actual no da el ancho.

En ese final de 2019, turbulento y asombroso, la ciudadanía respiraba hondo y copaba las calles, la represión estatal era violenta y 4 informes internacionales declararon como la policía chilena violó derechos humanos, torturó a mujeres y niños, y mutiló a personas disparando a sus caras y dejándolos ciegos, mientras grupos pequeños y violentos destrozaban y se apoderaban de algunos sectores en las ciudades. Marchas multitudinarias insistían en demostrar que los abusos, la violencia, el país bonito para unos pocos y el país devastado, sin agua, contaminado para el resto, ya no se iba a tolerar más.

El Gobierno mostraba sus peores cifras y el liderazgo del Presidente se había esfumado. La desconfianza en las autoridades, en las instituciones, en la política, en los medios de comunicación y en la policía marcaban el camino hacia el plebiscito de abril. Democráticamente, las campañas por el apruebo y por el rechazo se debatían en redes sociales, mientras en las calles y en terreno muchas personas hacían educación cívica en sus comunas mostrando el sentido de una constitución. Inexplicablemente, por años, Chile dejó de enseñar en sus escuelas y liceos el valor de lo cívico, de la convivencia o de la ciudadanía. Había movimiento, discusiones, talleres y esperanza en que el cambio constitucional nos permitiría conversar, apurar y tener otros referentes para una vida marcada por los derechos y no por la propiedad, el dinero o la posición social.

Pero llegó la pandemia, el Gobierno encontró una tarea que lo resucitó y vivimos días inciertos, datos esquivos, comunidades asustadas, violencia en los hogares y entre vecinos, estigmatizaciones a quienes están contagiados, apuro por abrir los centros comerciales, aglomeraciones en comunas pobres y entre quienes cobran sus pensiones o solicitan el seguro de cesantía, y un frenazo económico que (nuevamente) golpeará a quienes menos tienen y profundizará las desigualdades.

Y entonces, coordinadamente, el Gobierno opina que no quiere el plebiscito. En abril dice que en octubre (faltan 6 meses) no estarán las condiciones para hacerlo, aunque ahora corran para abrir los malls y le llamen al plan “retorno seguro”. Un retorno seguro para el consumo, pero inseguro para la democracia. Suena raro, y es una pésima idea escuchar a los que siempre quieren mantener sus privilegios y frenar los derechos para el resto de la ciudadanía.

 

Publicado el 5 de mayo de 2020.