Fuente: The Clinic.
Vivimos sostenidamente las semanas más difíciles desde el inicio de la pandemia. Ya superamos las mil personas fallecidas, los contagios diarios arriban los más de 5.500 casos, cada día mueren más que el día anterior -algunos sin recibir atención médica, otros mientras esperaban resultados de sus pruebas PCR-, el sistema sanitario bordea peligrosamente su colapso, el desempleo aumentó aún más de lo esperado, y la lista sigue. No cabe duda: la tragedia se apoderó de la vida.
En la antigua Grecia, la tragedia constituía aquel relato dramático donde se eternizaban las acciones destacadas, o incluso heroicas, de personajes insólitos de una nación; relevantes para su identidad propia. En Chile, sin embargo, la tragedia parece ocurrir más bien como una tragicomedia, como un infortunio que, de cuando en cuando, presenta escenas absurdas, disparatadas, que hasta nos roba una risa, pero que no por ello deja de ser un drama. En la tragicomedia chilena faltan las acciones destacadas de sus gobernantes y el final feliz propio de una comedia; por el contrario, en esta historia abundan los errores y desatinos trágicos que, eso sí, deberían permanecer en la memoria.
En la tragicomedia chilena distintos voceros del gobierno, pero muy especialmente el Ministerio de Salud, se había instaurado como garante moral de la pandemia, exigiendo a sus ciudadanos responsabilidad y solidaridad para mantener las cuarentenas, llegando incluso a una abierta culpabilización de las víctimas; desconociendo la desesperación social y económica que obliga a muchos a romper cuarentenas y salir a la calle. Con toda esa supremacía moral, generó revuelo la aparición reciente del subsecretario de Salud, Arturo Zúñiga, a pocos días de iniciada una cuarentena indicada. Y no sólo causó sorpresa, sino también una indignación profunda. El Colegio Médico (COLMED) calificó su retorno como una “irresponsabilidad infinita”.
Contrario a las recomendaciones de distintos expertos de la Mesa Social COVID-19, la autoridad sanitaria dispuso que quienes hayan estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada con COVID-19 deben cumplir con una cuarentena de 14 días “o hasta que se haya descartado la enfermedad, mediante la realización de un test PCR”. Precisamente esa modificación de las medidas sanitarias por brote COVID-19 permitió a Zúñiga retomar sus labores presenciales. Esta decisión generó el rechazo de COLMED como también de la Sociedad Chilena de Infectología, pues ambos sostienen que el resultado de un PCR negativo, como en el caso de Zúñiga, no es concluyente para determinar que una persona efectivamente no es contagiosa.
Se observa lo cómico en esta tragedia: la autoridad sanitaria, que debería estar concentrada en aplanar la cantidad de muertes y contagios, modifica una medida sanitaria unilateralmente, contradiciendo a los expertos y poniendo eventualmente en riesgo aún a más a la población; y todo este error grotesco, ejemplificado además en una autoridad sanitaria. Hasta aquí la comedia del manejo sanitario.
Pero, como se trata de algo tragicómico, la risa burlesca demasiado pronto se trasforma en llanto. Con cerca de un 10% de disponibilidad del sistema sanitario en el país para cuidados intensivos, se avecina un escenario aún más catastrófico. El dilema de la “última cama”, que se comenzó a discutir en nuestro país desde abril, ya parece ser un asunto inevitable. Pues, por más que el gobierno siga habilitando nuevas camas críticas, adquiriendo ventiladores mecánicos y contratando personal médico especializado, lo que sin duda contribuye, no serán esfuerzos suficientes, a menos que los contagios se logren detener y la demanda por cuidados intensivos deje de aumentar.
La preocupación se hace aún más grave ante la discrecionalidad que tiene la autoridad sanitaria para atender las recomendaciones de algunos expertos y omitir la de otros. Precisamente ante la inminente posibilidad de una saturación de la capacidad de los servicios de atención crítica, se torna urgente que el gobierno transparente por qué apoya o desestima el trabajo de la comunidad científica. Si, como hasta ahora, el gobierno sólo considera los lineamientos éticos para la priorización de pacientes para recibir cuidados intensivos ofrecidos por el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, así como las recomendaciones del Centro de Bioética de la misma universidad, selecciona y privilegia arbitrariamente una sola mirada valórica para la catástrofe; con todo el sesgo que implica guiar a un país, que se define laico, con posiciones que profesan un claro matiz confesional. Cabe al menos preguntarse por qué no considera otros lineamientos que diversos actores y expertos nacionales han (y hemos) puesto a disposición de la Mesa Social COVID-19, con el objeto de contribuir al debate y discusión en una de las más difíciles de las decisiones que deberán tomar los equipos médicos. Y la comedia nuevamente irrumpe: pues cómo entender, sino como una broma, que el gobierno invite actualmente al diálogo y al acuerdo político en materias sociales y económicas, pero que no impulse al mismo tiempo un debate público amplio, fundado en instrumentos que proveen expertos, considerando la amplitud de miradas y perspectivas éticas que se tienen sobre la materia, justamente en cuestiones tan sensibles y controvertidas como los criterios médicos y éticos para la priorización de pacientes.
En asuntos tan complejos como en una pandemia, donde la ética clínica y la ética de la salud pública tensionan en la búsqueda de recomendaciones consistentes, aceptables y que maximicen el beneficio terapéutico de la mayor cantidad de la población, se requiere de un diálogo incómodo, pero necesario. Ante la dramática situación sanitaria, el debate debe ser planteado con transparencia, sin sensacionalismo y con rigor; se debe asegurar a la población que en la priorización de pacientes cada una de ella será documentada y no permitirá la discriminación ilegítima de personas por criterios sociales o económicos, ni tampoco por la pertenencia étnica, por su género o por su edad; sino orientada a criterios clínicos objetivos y respetando, siempre, la voluntad de los pacientes. Además, es necesario asegurar que quienes no sean priorizados y requieran de cuidados paliativos, lo recibirán de forma adecuada, generando los mecanismos de protección para ello.
Pero ¿qué recomendación seguirán los equipos médicos cuando enfrenten el dilema de seleccionar entre dos pacientes con igual probabilidad de beneficio clínico? De esto, poco se habla. Remitir este tipo de casos al Comité Ético Asistencial, como sostiene la recomendación del rector Sánchez, solo retrasará el proceso y delega la responsabilidad en otra instancia, igualmente carente de indicaciones claras para decidir en este dilema. Por ello, la autoridad sanitaria debe proveer a los equipos médicos de orientaciones éticas que no sólo demuestren una retórica ética, sino indicaciones concretas que, aunque complejas, sean legitimadas transversalmente por la comunidad de expertos, y no sólo por defensores de una ética médica confesional.
Nosotros, pequeños mortales, poco podemos realmente avizorar con certeza sobre el desenlace que tendrá la tragicomedia chilena en esta pandemia. Pero mucho de ello se relacionará, sin duda, con la forma en la que las autoridades atiendan o desestimen las voces de la comunidad de expertos y científicos.
Publicado el 3 de junio de 2020.