La reciente controversia sobre proyectos financiados por ANID excede ampliamente el debate presupuestario. Lo que está en juego no es únicamente cuánto dinero recibe la investigación científica, sino qué formas de conocimiento se consideran legítimas dentro del debate público chileno.
La carta enviada por Magdalena Price Elton y publicada el 8 de mayo en El Mercurio, bajo el título “500 millones”, constituye un ejemplo ilustrativo de estas tensiones. Aunque presentada como una preocupación por la “transparencia” y el “retorno social” de los recursos públicos, su estructura desplaza rápidamente la discusión desde criterios científicos hacia sospechas culturales respecto de determinados objetos de investigación.
La operación discursiva central es la descontextualización: los proyectos se reducen a títulos y montos, omitiendo su contenido, los rigurosos procesos de evaluación de ANID y el hecho de que esos montos corresponden a proyectos plurianuales, desarrollados en distintas regiones y mediante instrumentos diversos. El efecto no es informar sobre investigación, sino producir extrañeza frente a determinados lenguajes y objetos de estudio. La investigación desaparece; queda el título como objeto de juicio público.
Posteriormente, en una columna publicada también en El Mercurio el 10 de mayo, Carlos Peña relevó la importancia del conocimiento, especialmente de las humanidades, siempre más objetadas. Sin embargo, asumió el diagnóstico insinuado en la carta. Escribió, refiriéndose explícitamente a ella: “Es verdad que a veces cientos y a veces miles de profesores escriben tonteras incomprensibles o simplemente al compás de lo que se juzga políticamente correcto (una lectora daba estupendos ejemplos en una carta al Director)”.
Es dudoso que existiera interés real por comprender lo calificado de incomprensible. Habría bastado con informarse sobre las preguntas, argumentos y resultados de esos proyectos. Detenerse, documentarse.
Todos estos ejemplos provienen, curiosamente o quizás no tanto, del ámbito de las ciencias sociales, y tratan algunos de los temas más intensamente disputados en las luchas culturales contemporáneas. Observemos algunos de los títulos mencionados. “Despatriarcalizar y descolonizar desde el Sur de Chile: Género e investigación inicial docente”. ¿Son los neologismos lo que molesta? ¿La mención al género? El siguiente título contiene solo un neologismo, pero el tema se reitera: “Género, biopolítica y creación: Nuevas formas de gobierno de la vida y las relaciones sociales de género”.
Conviene recordar que muchas categorías científicas hoy naturalizadas fueron inicialmente percibidas como extrañas o exageradas. Lo mismo ocurrió con nociones como “violencia intrafamiliar”, “acoso sexual”, “salud mental” o incluso “derechos humanos”. El trabajo científico no consiste en preservar intacto el lenguaje cotidiano, sino en producir categorías que permitan comprender transformaciones sociales emergentes.
Sigamos: “Los derechos civiles y políticos de les niñes en el Chile de hoy desde la perspectiva de hijes y mapadres”. ¿Será el lenguaje inclusivo lo que molesta? ¿O el hecho de recordar que niños y niñas tienen identidades de género diversas y que el término indiferenciado “padres” oculta realidades distintas según género y diversidad familiar? También parece incomodar la idea de derechos civiles y políticos para la infancia. Tal vez resultaría menos perturbador hablar únicamente de salud o educación. Es más fácil aceptar a un niño en necesidad que a un niño o niña como actor social.
Algo similar ocurre con el siguiente título: “Activismos desde y con las infancias: Transformaciones participativas socioambientales para la escuela del siglo XXI”. ¿Es acaso inadmisible pensar que los niños puedan movilizarse o preocuparse por problemas socioambientales? El espanto frente a este nombre parece revelar una idea implícita: que los adultos deben determinar aquello que puede preocupar a los niños, mientras ellos deberían aceptarlo pasivamente.
Veamos ahora “Otras rutas de la caca: Una etnografía del saneamiento doméstico no convencional en la Región de Los Lagos”. ¿Es la palabra “caca” lo que se considera impropio? Resulta difícil imaginar que el problema sea investigar el tratamiento comunitario de residuos humanos. En más de ochenta años de salud pública en Chile y de lucha contra enfermedades como el tifus o la diarrea infantil, el manejo de residuos ha sido una cuestión central, especialmente en zonas con acceso limitado a alcantarillado. Por eso las ciencias sociales se han interesado mundialmente por estas materias: las comunidades desarrollan formas concretas de resolver sus problemas, e investigarlas es imprescindible.
La referencia a la “ruta de la caca” alude además a un reportaje de 31 Minutos que explicaba estos procesos a niños y niñas. Entonces nadie se escandalizó; por el contrario, el programa fue muy valorado por contribuir a comprender mejor lo que significa vivir en sociedad. Hay humor en ese título. Y también hay humor en otras ciencias: astrónomos, biólogos y físicos recurren frecuentemente a referencias culturales para nombrar descubrimientos. La sospecha frente al humor suele ser más propia de culturas autoritarias. Ya lo observó Milan Kundera en La broma.
La aparente neutralidad técnica de la carta transforma así una controversia cultural sobre ciertos objetos de investigación en una supuesta preocupación administrativa. El problema parece ser el gasto, cuando en realidad incomodan determinados temas, lenguajes y preguntas. En su réplica a la carta, publicada en El Mercurio el día 12 de mayo, académicas del Programa de Investigación de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Alberto Hurtado ya mostraban este problema.
Tampoco se sostiene la apelación al “retorno social”, expresión economicista y reduccionista que, como diría Martín Savransky, forma parte de la captura neoliberal de la noción de relevancia, no sólo predefiniendo qué problemas cuentan, si no también desactivando la pregunta por las cosas que importan más allá –o además– de su rendimiento directo. Aun bajo esa lógica, si investigar problemas ambientales, formación docente, saneamiento rural o derechos de infancia no constituye un aporte social evidente, habría que explicitar qué se espera de la investigación social.
¿Implicaría la transparencia que ANID prohibiera en sus bases el lenguaje inclusivo, o las investigaciones sobre género, infancia, derechos humanos, participación o medio ambiente? Lo que emerge es una lógica de vigilancia sobre lo que puede investigarse legítimamente con fondos públicos. El debate no trata solo de presupuestos: trata de quién define qué conocimientos son socialmente valiosos y cuáles son los límites aceptables de la producción intelectual en una democracia contemporánea.
Ana Vergara del Solar, Escuela de Psicología, Universidad de Santiago de Chile
Mariana Labarca, Departamento de Historia, Universidad de Santiago de Chile
Erika de la Barra, Departamento de Lingüística y Literatura, Universidad de Santiago de Chile
Rodrigo Rojas, Escuela de Psicología, Universidad de Santiago de Chile
Carolina García, Departamento de Historia, Universidad de Santiago de Chile
Raquel Rubio, Departamento de Lingüística y Literatura, Universidad de Santiago de Chile
Ana María Franqueza,Departamento de Lingüística y Literatura, Universidad de Santiago de Chile
Jèssica Pujol, Departamento de Lingüística y Literatura, Universidad de Santiago de Chile
Cristina Moyano Barahona, Decana Facultad de Humanidades, Universidad de Santiago de Chile
Jorge Castillo Sepúlveda, Vicedecano de Investigación y Postgrado, Universidad de Santiago de Chile