A fines de febrero del presente año, fueron desplegadas fuerzas militares en la Macrozona Norte del país, iniciándose un operativo de control migratorio y seguridad nunca antes visto desde el retorno a la democracia. Según el Decreto N°78 de 2023, esta militarización tiene por objetivo “delimitar áreas de zonas fronterizas a resguardar por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública”, otorgándoles la capacidad de custodiar las fronteras, mediante controles de identidad, registro y retención de personas que se encuentren cometiendo actos ilícitos o que ingresen al país por pasos no habilitados. Junto a ello, la obligación de poner a estas personas a disposición de la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile.

Los investigadores del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago de Chile, Arlette Leal y Byron Duhalde, analizan esta medida que se enmarca en una crisis migratoria intrarregional, que data sus inicios con los desplazamientos humanos producidos en la última década, y que se ha profundizado por el éxodo masivo de personas provenientes de Venezuela, marcando una fuerte escalada en la cantidad de desplazados que ingresan de forma irregular a nuestro país.